
Setenta y cinco años después, creía que, ¡por fin!, en este país empezaba a existir la justicia y que familias podrían enterrar dignamente a sus muertos y que esas personas, fusiladas y enterradas en fosas comunes en el mismo lugar en el que cayeron asesinadas, recibirían el reconocimiento que les corresponde. ¡Que menos, por haber dado su vida por esos valores y por un gobierno legítimamente constituido, la Segunda República Española!. Desgraciadamente, una vez más, me equivoqué...

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